By Seis denuncias penales en contra de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y varios contratistas marcan un nuevo escándalo en el ámbito electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó las acciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de identificar posibles delitos como el tráfico de influencias y el cohecho.
Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE, comunicó el hecho a la Cámara de Diputados, enfatizando que las infracciones incluyen el uso ilícito de atribuciones y el ejercicio indebido del servicio público. Las acusaciones implican a funcionarios y exfuncionarios del INE, así como a empresas vinculadas, que en conjunto simularon competencia para adjudicarse contratos por más de dos mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Entre los mencionados están las firmas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes, según las investigaciones, han ejercido una considerable influencia en este proceso. Carvente subrayó que estas empresas mantuvieron relaciones clausuradas, lo que provocó que se les entregaran contratos millonarios de organismos públicos locales electorales.
“Las denuncias tienen el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos”, declaró Carvente en su informe, al tiempo que destacó que, en caso de descubrir delitos adicionales, se procederá con más denuncias ante las autoridades competentes.
Guadalupe Taddei ha defendido su trayectoria de más de 30 años en el ámbito electoral, argumentando que su renuncia busca proteger la credibilidad del INE. Sin embargo, las investigaciones continúan y la presión sobre las entidades involucradas aumenta a medida que los detalles salen a la luz. Las siguientes etapas incluyen audiencias iniciales y la posibilidad de remitir los casos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
