By Monreal desmiente pacto para frenar desafuero a Alito en San Lázaro
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que actuará conforme a la ley ante una petición formal del partido.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, negó la existencia de un pacto político para proteger al senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien enfrenta la posibilidad de un desafuero en la Sección Instructora. Monreal aseguró que esta instancia determinará si hay elementos para avanzar con el procedimiento.
“Yo no protejo a nadie. Si hay elementos, la Comisión Instructora será la que determine. La comisión siempre ha tenido autonomía, y así será mientras esté de coordinador”, afirmó Monreal.
Durante la plenaria de su partido, programada para el 30 de agosto, Monreal indicó que se definirá quién asumirá la presidencia de la Sección Instructora, actualmente encabezada por Hugo Erick Flores, quien podría ser sustituido por el legislador morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé.
“La solicitud de desafuero debe proceder conforme a la ley, con los elementos que existan en la comisión jurisdiccional”, destacó el político zacatecano, añadiendo que hasta el momento no ha recibido oficialmente la petición de reactivar el caso.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, había manifestado previamente la intención de incluir el tema en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones, pero Monreal subrayó que, aún no se ha turnado formalmente la solicitud a San Lázaro.
Por su parte, el PAN rechazó defender a Alejandro Moreno. Jorge Romero, líder nacional del blanquiazul, aseguró que no se puede decidir de antemano si se apoyará el proceso en su contra, enfatizando la necesidad de evaluar los expedientes conforme a la ley.
En un contexto de tensiones políticas, el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió que la posible reactivación del juicio busca silenciar a la oposición y aseguró que defenderán a su dirigencia “con todo”.
Mientras tanto, Alejandro Moreno enfrenta acusaciones de un presunto daño patrimonial de al menos 83.5 millones de pesos y cuestionamientos sobre propiedades valuadas en más de 500 millones de pesos, lo que mantiene en el foco su situación política.
